Nueva York desplegará a la Guardia Nacional en el metro tras una serie de tiroteos | Internacional

Una serie de incidentes violentos en el metro de Nueva York, la mayor red de túneles y estaciones del mundo, ha empujado a la gobernadora del Estado, la demócrata Kathy Hochul, a aprobar el despliegue de 750 agentes de la Guardia Nacional en la red de metro de la ciudad. La inquietud entre las autoridades y la opinión pública se contradice con la experiencia cotidiana del usuario del metro, un medio eficaz y, en líneas generales, seguro a cualquier hora del día, aunque ahora en entredicho, de nuevo, por una cadena de tiroteos con gran repercusión mediática.

Hochul enviará 1.000 agentes al metro: los 750 agentes de la Guardia Nacional junto con 250 efectivos de las fuerzas policiales de tránsito estatales y de la Autoridad Metropolitana de Transporte, según ha anunciado este miércoles. Los agentes realizarán controles aleatorios de los bolsos de los pasajeros y hay planes en marcha para instalar más cámaras de seguridad, dijo la gobernadora. La práctica de un registro aleatorio de bolsas y mochilas por parte de los agentes ha incomodado a muchos neoyorquinos, a juzgar por las reacciones en las redes sociales. Entidades como la ACLU (siglas de American Civil Liberties Union), el más importante grupo de derechos civiles del país, hace tiempo que advierten sobre la ilegalidad de la medida si no media una orden de registro.

“En la ciudad de Nueva York, la policía está obligada por ley a informarle cuando le piden su consentimiento para un registro y a informarle de que tiene derecho a negarse. Si usted da su consentimiento para un registro, puede afectar a sus derechos más adelante en los tribunales. Si la policía dice que tiene una orden de registro, pídala. Si no la tienen, diga: ‘No consiento este registro’. La policía no puede detenerle o multarle simplemente por negarse a consentir un registro”, advierte ACLU.

Este refuerzo de la seguridad —que no es en absoluto el primero— se produce después de que varios tiroteos en enero y febrero conmocionaran a los usuarios del transporte público. Hace dos meses, un hombre recibió un disparo mortal en un tren de la línea 3 del metro de Brooklyn, tras intentar sofocar una disputa provocada por el elevado volumen de la música que escuchaba un viajero (ni en el metro, ni en las calles o los parques resulta infrecuente el uso de grandes aparatos de música sin auriculares). Otro hombre murió tiroteado en la línea 4 del Bronx el 12 de febrero, cuando una discusión entre dos grupos de adolescentes se tornó violenta. Era un inmigrante mexicano que no había participado en la pelea y que trabajaba de sol a sol para mandar remesas a casa. Además, un hombre fue asesinado la mañana del 23 de febrero en un tren de la línea D del Bronx por una disputa con otros pasajeros.

Prohibir el acceso a los condenados por delitos violentos

“Cualquiera que quiera hacer daño o sembrar el miedo en nuestro metro será detenido”, ha declarado la gobernadora del Estado. “Simple y llanamente, habrá consecuencias. Esto tiene que acabar. Los neoyorquinos no se merecen menos. Y a los que se sienten angustiados cada vez que pasan por los torniquetes, no nos detendremos ante nada para mantenerlos a salvo, a ustedes y a los miembros de sus familias, y devolverles la tranquilidad”.

En la red social X (antes Twitter), Hochul especificó algunos de sus planes para mejorar la seguridad en el suburbano: “Aumentaremos el personal de seguridad, presentaremos leyes para proteger a los pasajeros y los trabajadores, añadiremos cámaras y aumentaremos la colaboración para exigir cuentas a los delincuentes, así como expandir los grupos de scouts (sic)”. La alusión a los trabajadores tiene su explicación en la agresión sufrida hace dos semanas por el conductor de uno de los convoyes, que fue atacado en el cuello, sin consecuencias, por un viajero, lo que provocó un paro de sus compañeros maquinistas para denunciar la exposición de su trabajo.

Hochul también pretende modificar “en cuestión de semanas” la legislación para permitir a los tribunales prohibir el uso del sistema de transporte público a los condenados por delitos violentos. También destinará 20 millones de dólares adicionales a aumentar la dotación de los equipos de salud mental que trabajan en el metro para sacar del sistema y llevar a centros especializados —incluso contra su voluntad— a quienes sufren problemas de salud mental, una realidad evidente por doquier en vestíbulos, andenes y vagones. El anterior refuerzo de agentes uniformados en las estaciones contribuyó a que los delitos cometidos en el sistema se redujeran en un 17% en febrero, lo que demuestra el aceptable nivel de seguridad del mismo, salvo incidentes que acaparan focos y titulares.

El debate sobre la seguridad —o la inseguridad— del metro neoyorquino es un tema recurrente. Tras una serie de trágicos sucesos protagonizados por indigentes con graves problemas mentales —una realidad dramática en las calles de Nueva York—, el alcalde, el también demócrata Eric Adams, adoptó una serie de efectistas medidas para garantizar la paz en el suburbano (el único hogar posible para muchos de esos sin techo).

En su lucha contra el delito común, las iniciativas más noticiosas del regidor fueron las nuevas patrullas conjuntas policía-servicios sociales para atender a los casos más graves, y el fichaje de un simpático robot para patrullar en la estación de Times Square, el kilómetro cero de la ciudad. Acompañado en un principio por un par de agentes a modo de tutores, el robot autónomo Knightscope K5, o AK5, fue retirado de la circulación hace un mes tras constatarse, como se había advertido, que no podía subir ni bajar escaleras. El ingenio fue comparado en su día con un aspirador Roomba por el alcalde. Defensores de las libertades civiles y activistas por la reforma policial han cuestionado la necesidad de este y otros dispositivos de alta tecnología, como el perro robot policía Digidog, otro de los grandes fichajes de Adams, por posible captación de datos.

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