El grupo jurídico liderado por la abogada Odila Castillo Bonilla publicó un firme pronunciamiento el martes 1 de octubre, desmintiendo las acusaciones que han circulado últimamente en diferentes plataformas de comunicación en Panamá.
La defensa describió estas divulgaciones como ofensivas con mala intención, impulsadas por intereses económicos específicos y destinadas a perjudicar tanto la reputación profesional como la vida personal de Castillo.
La defensa de Castillo sostiene que no hay base y que se han violado derechos
Carlos Carrillo, integrante del grupo jurídico de Castillo, afirmó que las acusaciones son infundadas y pretenden entorpecer la trayectoria profesional de la joven abogada y su socia. Destacó que bajo estos ataques se encuentran intereses económicos encubiertos que buscan aprovecharse del deterioro de la reputación de Castillo.
La defensa subrayó que este no es el primer asalto mediático al que se enfrenta la abogada. Recordaron un episodio análogo que tuvo lugar en 2021, cuando un medio panameño divulgó información incorrecta acerca de una supuesta detención de Castillo, una noticia que finalmente fue desmentida.
Verdades incompletas y transgresión de la confidencialidad
De acuerdo con el equipo jurídico, tanto las acusaciones recientes como las de 2021 se fundamentan en «verdades a medias», alteradas con el fin de perjudicar el desempeño profesional de la abogada Odila Castillo. Asimismo, denunciaron que la información divulgada infringe los principios de confidencialidad, dado que parte de la investigación se origina en un proceso familiar que ya ha sido resuelto.
Asimismo, se difundieron datos delicados como registros migratorios y declaraciones fiscales, información que, según la defensa, fue adquirida de manera ilegal.
Monitoreo ilegal y procedimientos legales en trámite
La defensa dio a conocer que Castillo ha sido objeto de seguimiento a través de GPS, lo que constituye una evidente transgresión de su privacidad y un tipo de monitoreo ilegal. Carrillo destacó que se han pisoteado los derechos fundamentales de su representada, protegidos por la Constitución y las leyes de Panamá.
Informó que se tomarán todas las medidas legales pertinentes para establecer la responsabilidad por los daños ocasionados y los que se puedan intentar causar. El equipo legal se mantiene resoluto en su objetivo de proteger a Castillo y llevar ante la justicia a quienes están detrás de esta campaña de desprestigio.
