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La Universidad de Columbia se mantiene en una tensa calma este martes después de la ocupación de uno de los edificios del campus por un grupo de estudiantes acampados en el recinto desde hace casi dos semanas en solidaridad con Gaza. La amenaza de suspender académicamente —con el riesgo de ser expulsados de sus residencias e incluso de perder el semestre— a los acampados que no abandonaran voluntariamente el lunes las 80 tiendas de campaña que quedan, llevó a primera hora del martes a un grupo de manifestantes, encapuchados y embozados para evitar ser identificados, a atrincherarse en el edificio Hamilton Hall, con una larga tradición de encierros desde la guerra de Vietnam y las masivas protestas en el campus en 1968. Hasta la Casa Blanca, que hasta este mismo lunes había evitado pronunciarse sobre la movilización, ha dicho este martes que la toma de un edificio es “un enfoque absolutamente equivocado y no un ejemplo de protestas pacíficas”. Las protestas han escalado en otros campus estadounidenses con decenas de detenciones.

Las autoridades de Columbia, epicentro de la movilización estudiantil en solidaridad con Gaza que ha incendiado los campus de EE UU, intentan evitar por todos los medios recurrir a la policía para desalojar el campamento —que consideran viola la política de la universidad y perturba su normal funcionamiento— para evitar una repetición de la represión que hace dos semanas logró evacuar el primer campamento, con un centenar de detenciones, pero que inflamó aún más la protesta y prendió la llama de la movilización en todo el país. Tras la ocupación del edificio, el rectorado ha cerrado todos los accesos al campus menos uno, el más cercano a Hamilton Hall, y ha limitado la entrada a los estudiantes que viven en alguna de las siete residencias y al personal esencial. También ha amenazado a los atrincherados en el edificio con la expulsión, pues “han optado por escalar a una situación insostenible”, ha dicho el portavoz, Ben Chang. En otros campus de EE UU, los campamentos han sido levantados, no sin tensiones, como la intervención de fuerzas antidisturbios en la Universidad de Texas-Austin la víspera con decenas de detenciones. Esta misma mañana han sido desalojados los de Connecticut, Yale y la Universidad de Carolina del Norte.

Un vídeo publicado en las redes sociales por Columbia University Apartheid Divest (CUAD, en sus siglas inglesas), el paraguas que agrupa a un centenar de grupos de alumnos y lidera las protestas, muestra la irrupción en el edificio de “un grupo autónomo” compuesto por varias docenas de estudiantes tras romper los cristales de la puerta con un martillo, así como la posterior introducción de vallas en el interior del mismo. Otras imágenes ya virales reflejan parapetos de muebles con que han atrancado las puertas para protegerse de una posible intervención policial. En un mensaje colgado en las redes, CUAD señala que “esta escalada está en línea con los históricos movimientos de estudiantes de 1968 [Vietnam], 1985 [apartheid sudafricano] y 1996, que Columbia reprimió entonces y hoy celebra”. En 1996 un centenar de alumnos se encerró en el mismo edificio para pedir al rectorado que crease un grupo de estudios étnicos. “Esta acción obligará a la universidad a confrontar la sangre en sus manos”, continúa la explicación de CUAD. La organización señala el fracaso de las negociaciones “de buena fe” con las autoridades de la universidad y la amenaza de estas de “suspensiones masivas y expulsión, considerando incluso llamar a la Guardia Nacional” contra los manifestantes, una posibilidad en principio descartada por la junta de gobierno, al igual que recurrir a la policía.

Un cartel que dice ‘Palestina libre’ cuelga de una de las ventanas del edificio ocupado este martes en el campus de Columbia.SARAH YENESEL (EFE)

Los ocupantes, que han rebautizado el edificio como Hind Hall en memoria de Hind Rajab, la niña palestina que murió hace dos meses rodeada de cadáveres mientras pedía ayuda durante horas, han anunciado que seguirán encerrados hasta que la Universidad retire todas sus inversiones de empresas vinculadas a Israel. La demanda de los estudiantes de Columbia es más rigurosa que la de otros campus, que piden que sus alma mater desvinculen sus inversiones únicamente de empresas de la industria militar. El de los manifestantes de Columbia es un órdago a la grande, imposible de apuntarse, pues ya en febrero, dos meses antes de que brotase la protesta masiva, la universidad anunció que no tenía la menor intención de desinvertir de empresas vinculadas a Israel. Columbia tiene una cartera de 13.600 millones de dólares (unos 12.731 millones de euros), gestionada por su propio fondo de inversión.

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El blindaje ya casi total de Columbia ha excluido a estudiantes que viven fuera del campus, pero que acuden a sus comedores a diario. La vecina facultad Barnard, donde se concentran los alumnos judíos, ha habilitado un servicio de comidas alternativo. Pero todas las entradas a Columbia, desde la principal —donde este martes se concentraban más medios de comunicación que estudiantes—, a las traseras que llevan a una cafetería o el gimnasio, están cerradas a cal y canto. Las autoridades de Columbia sopesan cuándo y cómo mover ficha, sin provocar una nueva onda expansiva contraria a sus intereses, cuando faltan solo unas semanas para las ceremonias de graduación. Mientras, activistas, ONG como Amnistía Internacional y Human Rights Watch y representantes institucionales como el alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, han lamentado las medidas de fuerza adoptadas por algunas universidades para dispersar y desmantelar las protestas.

Un grupo de 25 centros de derechos humanos pertenecientes a varias facultades de Derecho de EE UU ha manifestado también su apoyo a los estudiantes y su “protesta pacífica”. “Ejercen sus derechos humanos fundamentales de expresión, reunión pacífica y asociación”, reza el comunicado, suscrito por centros educativos que dicen compartir la misión de formar a los estudiantes “para que participen en la defensa y el debate crítico sobre los derechos humanos; para proteger y ampliar el espacio cívico (…) y reclamar los derechos de los palestinos”. El texto recoge los llamamientos del comisionado Türk y otras instancias de la ONU en defensa de la libertad de expresión.

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